31 de octubre de 2011

Los problemas de la infancia, hoy



LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA, HOY
José Antonio Luengo
Publicado en "Aula de Educación Infantil", nº 23. Enero de 2005


LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA, HOY
Para quien suscribe, hablar de la infancia es siempre especial. Porque la infancia es especial. Es especial su fuerza, la intensidad con que vive, absorbe y disfruta cada momento, cada instante. Especiales son sus ilusiones, sus ganas de estar en el mundo, sus ansias de conocer… ¡Vaya! Todo un ejemplo de cómo se  puede vivir. Los adultos deberíamos tomar buena nota de ello.
Siempre me he resistido a aceptar sin más ese viejo dicho de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sobre todo si uno se cuestiona sobre los problemas de la infancia hoy, en comparación con los de antaño. En nuestro entorno geográfico, al que me referiré de ahora en adelante, no creo que haya existido un tiempo en que los niños, adolescentes y jóvenes se encuentren, en términos generales, tan bien tratados, atendidos, considerados y valorados como hoy en día. Realizar una afirmación tan contundente puede representar una osadía… Es el riesgo que se corre cuando se generaliza, como es el caso. Pero, en fin, entiendo que las cosas son así. Las condiciones que soportan y acompañan el crecimiento, desarrollo y evolución como seres humanos de nuestros niños y adolescentes no han gozado nunca de tantos recursos, medios y estructuras de observación como los que en la actualidad configuran el esqueleto organizativo de nuestras sociedades. No obstante lo dicho, afirmar lo afirmado sin más, sin detenerse a valorar los márgenes más sombríos del actual statu quo, ni reparar en las consecuencias más perversas de determinados desarrollos sociales, representaría un ejercicio de simplificación injustificable.

El interés superior del niño

Pero vayamos por partes. Han transcurrido ya casi 15 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgaran uno de los textos jurídicos de mayor calado en el siempre complejo proceso de desarrollo social de la humanidad. Me refiero a la Convención de los Derechos del la Infancia, aprobada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Español en diciembre de 1990. Han transcurrido ya casi 15 años desde que los Estados Partes en la citada Convención acordaran un código de conducta que, de manera explícita, reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad y subraya la responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño y de la niña se hagan realidad. Pero, tal vez, el argumento jurídico de mayor relevancia en el texto referido tiene que ver con lo establecido en su artículo tres: “En todas las medidas concernientes que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. El interés superior del niño. ¡Casi nada! Todo un código para sentir y actuar concentrado en cinco palabras. Todo un marco en el que dibujar un mundo mejor para los que crecen en un mundo de adultos, pensado y hecho esencialmente por los adultos y para los adultos. Esta última consideración -quién y para quién se hace el mundo- sea tal vez la circunstancia más significativa a la hora de enjuiciar el balance de nuestra sociedad para equilibrar las necesidades de todos, no solo de los que deciden. A pesar de la voluntad firme de considerar al menor, al niño y al adolescente como sujeto sustantivo y ciudadano sin reservas ni subsidiariedades, seguimos pensando, decidiendo, juzgando y definiendo los mismos, a saber, los adultos en edad activa, y sobre todo algunos de ellos, vaya. Si bien es cierto que esto ha sido siempre así, las consecuencias de que ahora, en este momento, persiste esta vieja inercia, son mucho más llamativas y, si cabe, en algunos aspectos, escandalosas. Sin perjuicio de los avances producidos por el sistema para con la infancia en general y a pesar de las buenas intenciones plasmadas en el texto jurídico antes citado y en las correspondientes concreciones legislativas de cada estado y región[1], la inercia del devenir social sigue considerando a niños y adolescentes como ciudadano subsidiarios del colectivo adulto, limitados en sus decisiones, pero, lo que es más importante, sin la posibilidad de expresarse y definir sus necesidades y propuestas en los muy diferentes espacios de su desarrollo como seres humanos.

Sociedades distintas, problemas diferentes

Los problemas de la infancia hoy son diferentes a los problemas o dificultades de la infancia de antaño porque la sociedad actual y las pasadas son diferentes, sustancialmente diferentes. Sin embargo, las repercusiones de las condiciones y ritmos que imprime nuestra sociedad probablemente estén marcando la generación de impactos y consecuencias difícilmente esperables -algunas de ellas incipientes- en la vida de grupos o colectivos sin capacidad de influencia en las decisiones de nuestras comunidades como sin duda son, aún, los niños.

Es evidente, los efectos de las transformaciones sociales surgidas en los últimos años no se han hecho esperar. Y con ellos, la aparición de significativas modificaciones en las reglas del juego de nuestra organización social que afectan notablemente a nuestra infancia en general. Variables como la configuración y estructura de las ciudades, la movilidad poblacional y la irrupción y consolidación del fenómeno migratorio, la organización de la jornada laboral y las endebles condiciones de estabilidad del mercado, la quiebra del modelo tradicional de estructura familiar y la irrupción del esquema de hogar vacío -en el que la casa se convierte en un espacio casi de tránsito para las ocupaciones importantes-, la creciente influencia de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información en los procesos de socialización y educación de las personas -no solo de los menores de edad-, los formatos de comunicación interpersonal y la difícilmente frenable invasión de los procesos de relación virtual entre personas… Las ciudades crecidas al son de ritmos frenéticos. Las familias desorientadas en sus cometidos, absortas en una compleja secuencia de responsabilidades difíciles de conciliar. La institución educativa sumergida en una importante crisis de identidad, envuelta -sin pretenderlo- en la sinrazón de un debate feroz sobre su papel ineludible como bisagra para la tan traída y llevada conciliación de la vida familiar y laboral. Tal como expresa el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid en un documento remitido a los Partidos Políticos con anterioridad a las últimas elecciones en la región[2], “la sociedad actual reclama un nuevo orden que ayude a diseñar un  marco integral y coherente en el que ensamblar atención, educación y protección a nuestros menores. Resurge la idea de la responsabilidad compartida, la acción combinada, la suma de fuerzas: escuela, familia, entes locales, agentes sociales unidos por y para definir las claves más relevantes a desarrollar”. Porque, sin obviar ni infravalorar los incuestionables logros conseguidos en los últimos años en lo relativo a la consideración del menor como ser con identidad propia y sustantiva, no pueden dejar de resaltarse las dificultades observadas para la realización efectiva, sólida y coherente de todas las buenas intenciones manifestadas -incluso legislativamente- por las instituciones para hacer visible y palpable la relevancia del menor en la sociedad, el respeto a sus derechos y el valor permanente de su mirada y presencia. La irrupción de nuevas realidades y necesidades, la existencia de proyectos inacabados o inadecuadamente dotados, la evidencia de sensibilidades ficticias… Todo un conjunto de circunstancias que afectan de manera sensible a la feliz ejecución de un proyecto social serio y ajustado a las necesidades de la infancia y la adolescencia.

Porque es verdad. Hay cosas que no van bien… Y podrían ir peor

El ya citado documento “Propuestas del Defensor del Menor a los partidos políticos para la mejora de las condiciones de la infancia en la Comunidad de Madrid. 78 medidas para su posible inclusión en los programas electorales”, detalla de manera completa las principales lacras que nuestra sociedad genera y recoge para con nuestros niños y niñas, señalando asimismo propuestas concretas de diverso grado para su eliminación o, cuando menos, su reducción. En un artículo de extensión como el presente resulta del todo imposible desgranar todos y cada uno de los problemas que, a entender de quien suscribe, alcanzan un grado suficiente como para ser denunciados sistemáticamente: los malos tratos -y especialmente, el escaso conocimiento que tenemos sobre los mismos[3]-; la mendicidad infantil, el consumo de drogas, la situación en los asentamientos chabolistas, el alarmante índice de fracaso escolar, el incremento de los problemas de convivencia en los centros educativos[4] y en sus márgenes, el renacimiento de nuevas formas de explotación laboral -entre otras situaciones destaca la proliferación del fenómeno de los “niños artistas”-; el inadecuado uso de internet[5]… En las siguientes líneas me detendré en aquellos aspectos de naturaleza más general, si bien de impacto transversal.

Que hay cosas que no funcionan y que afectan significativamente a nuestros niños y niñas da fe la propia realidad. Una mirada crítica a nuestra sociedad, sus modos de organización, sus rutinas y ritmos nos muestra con frecuencia, sin ambages, espacios grises, llamativas sombras en el tratamiento que los menores en general, y específicamente algunos grupos de ellos en particular, reciben. Ya se ha dicho. Vivimos en un mundo pensado y hecho para los adultos. Un mundo lastrado por la profunda influencia del mercado, convencido de que la velocidad y el vértigo que atesora nos hará felices y excelentes. Horarios, distancias, modos de vida en los que, de modo fundamental, prima la vida laboral y personal del adulto. Y la vida de los niños, no lo dudemos, se resiente. Y se resentirá. Parafraseando a Jordi Borjà, da la sensación de que, incluso, hacemos las ciudades contra los niños. Según sus propios argumentos[6], “la ciudad tiende a hacer desaparecer los espacios públicos como articuladores de sí misma y de su vida social, para hacer espacios especializados, y se convierte a los niños en una especie de animales domésticos…”

Resolvemos -es un decir, claro- el famoso conflicto creado por la difícil conciliación de la vida familiar y laboral a costa de los niños: ampliamos de forma desmedida sus horarios y actividades y solicitamos de manera frenética nuevos servicios para su atención y, consiguientemente, poder cumplir con nuestras “obligaciones” de adultos…Como siempre, corremos el riesgo de caer en nuestra propia trampa. Cualquier iniciativa que no insista en modificar sustancialmente la concepción del modelo de sociedad, de cultura y de vida y, el marco de relaciones laborales, significará, tal como expresa Salvador Cardús[7], “querer resolver el problema administrando la misma droga que ha causado la fiebre”. Droga que, además, inoculamos a los más débiles. Aunque parezca que les damos todo. En palabras de Xavier R. de Ventós, “todo, todo parece hoy formar parte de una auténtica OPA amigable lanzada sobre los niños y dirigida a: auscultar sus ensueños, secuestrar su imaginación y anticipar sus ilusiones; a escanear, simular y acabar inyectándoles sus propios deseos o ensueños; a preservar y alargar esa candidez que, según Hegel, permite que “ninguno de los intereses demasiado humanos haya marcado en el rostro del niño la estampa de la triste necesidad”.

La participación de la infancia en las decisiones sobre nuestra organización social, elemento imprescindible para dar concreción y realidad a gran parte de los principios establecidos en la ya citada Declaración de las Naciones Unidas. Las iniciativas desarrolladas al respecto por algunos ayuntamientos[8], excelentes sin duda, no dejan de representar aún sino un mero rascado en la dura superficie del sistema.

El interés superior del menor no representa, también hay que decirlo, una realidad suficientemente creída, ni, por supuesto, asentada en nuestra sociedad. Por no citar que también es cuestionable su estabilidad como idea o concepto. Un ejemplo significativo de esta afirmación lo encontramos en el desarrollo de los acontecimientos que vienen sucediendo en torno al sistema educativo y, especialmente, en dos variables ligadas esencialmente al mismo: (1) Por un lado, el espectáculo ofrecido en torno a las reformas y contrareformas del propio sistema. Tal como ha expresado recientemente el Defensor del Menor[9], “la educación, nadie lo duda ya, o no debería dudarlo, es cosa de todos, una tarea a desarrollar desde la implicación, el acuerdo y el consenso de todos, independientemente de filiaciones o escenarios sociales, políticos o laborales. Apelar a su condición de soporte o arquitectura de una sociedad mejor supone una verdad de perogrullo, no infrecuente en los discursos o conversaciones al uso; poco asentada, sin embargo, en el devenir cotidiano, en la esencia misma de la planificación de nuestras modelos y prácticas de organización social. Hablamos de una verdad, por el momento, demasiado ligada a la estética de los discursos, alejada desgraciadamente del imprescindible correlato de acciones, serias, rigurosas y estables, que deberían hacer de ella no solo un elemento básico de consenso y acuerdo de naturaleza transversal, sino, sobre todo, un hecho incontestable”. Los paganos en estas historias son los de siempre: los niños y las niñas. (2) Por otro lado, las condiciones en que viene desarrollándose la integración del alumnado inmigrante en nuestro entorno: dificultades importantes para el tratamiento educativo en centros con alta tasa de concentración, “huida” de la población autóctona, crecimiento de sentimiento xenófobos, agotamiento del profesorado, sensación de fracaso y colapso del sistema, son algunos de los síntomas más significativos de que hay cosas que no están funcionando, con la consiguiente repercusión de importantes colectivos de niños y niñas. Pero no nos quedemos exclusivamente con el tratamiento dado en esta materia desde el sistema y centros educativos. Atender el fenómeno de la inmigración es un problema de todos, que ha de afrontarse de manera singular con la infancia y adolescencia recién llegada. “La escuela no es “omnipotente” (ni “omnipresente”). Su papel y responsabilidad en el proceso adquirirá verdadero realce y efectividad en el contexto de desarrollo de un marco integral para la integración de la población inmigrante en la sociedad, un marco que acción global que incorpore la participación de todos los colectivos, instancias, agencias e instituciones implicadas para la constitución colegiada de un escenario de encuentro y acogida compartido. La búsqueda de estrategias e iniciativas para fomentar y desarrollar la participación de los colectivos y minorías de inmigrantes debe considerarse un objetivo nuclear desde el que asentar y diseñar cualquier proyecto de intervención “ad hoc”. Los senderos por los que discurre el actual debate social en torno al tema en cuestión evidencian la germinación de ideas y referentes de “riesgo” (confrontación y rechazo) en absoluto despreciables” (Luengo, J.A. 2002[10]).

Otro campo, paradigmático, que destila desinterés manifiesto por el menor y sus necesidades -y de gran relevancia e impacto a medio y largo plazo en la configuración de valores éticos sociales y culturales de nuestra sociedad-, es el relativo a los contenidos televisivos. Probablemente nunca nos hayamos enfrentado a una programación tan absolutamente irrespetuosa con los derechos de niños, niñas y adolescentes por crecer de manera saludable. Probablemente no encontremos en la historia un momento tan increíblemente doloroso para los intereses de nuestros menores. Si ya nos hemos dado por vencidos -no deberíamos hacerlo, que conste- con que nuestros hijos ven la televisión más horas que las que pasan por las aulas de los centros escolares, lo trágico del asunto se complica especialmente con la irreverente vulneración de principios éticos y normativos -esto no es baladí- en la citada materia para con los derechos de los menores. La oferta televisiva para niños y adolescentes no es que sea mala. Es que no existe. Y, claro, como la oferta para los adultos es la que es, el resultado es el acceso desmedido a contenidos no solo inadecuados sino, en ocasiones, altamente perversos para seres que están forjando su visión del mundo, su manera de relacionarse con su entorno, su propia personalidad, vaya. Todo un discurso de sinrazones de efectos indeseables, algunos de ellos aún desconocidos.

Los problemas de la infancia, en fin, no debemos ubicarlos exclusivamente en los márgenes, en las cunetas de nuestra sociedad. Están ahí mismo. A nuestro lado. En ocasiones, de efectos tan invisibles que es fácil pensar que no existen. Pero no es así. Retomando una de las ideas iniciales de este conjunto de reflexiones, “no creo que haya existido un tiempo en que los niños, adolescentes y jóvenes se encuentren, en términos generales, tan bien tratados, atendidos, considerados y valorados como hoy en día”. Sigo manteniendo esta tesis. Pero no podemos pararnos. Nadie debe pararse. Nadie debe cejar en el complejo empeño de que las cosas, todas, se hagan bien.






[1] Pueden destacarse la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 6/1995 de Garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid o la Ley 5/1996 del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
[2] “Propuestas del Defensor del Menor a los partidos políticos para la mejora de las condiciones de la infancia en la Comunidad de Madrid. 78 medidas para su posible inclusión en los programas electorales”, diciembre 2002 (www.dmenor-mad.es/Noticias y actividades)
[3] Se estima que solo conocemos entre un 15 y un 20% de los casos que realmente se producen.
[4] Un documento interesante sobre el tema puede consultarse en www.dmenor-mad.es/documentos de interés.
[5] Resulta especialmente interesante consultar el estudio “Seguridad infantil y costumbres de los menores en internet”, publicado en Estudios e Investigaciones 2002. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Madrid, 2002 (puede consultarse en www.dmenor-mad.es/publicaciones)
[6] III Encuentro “La ciudad de los niños”. Acción Educativa. Madrid, 2004.
[7] La Vanguardia digital. Miércoles, 14 de noviembre de 2001.
[8] Fundamentalmente por aquellos que cuentan en su estructura organizativa con Concejalías específicas para la infancia: es notable la constitución de foros de participación infantil y consejos infantiles municipales, espacios de profunda convicción democrática y participativa, no meros escaparates formales.
[9] Escuela Española, nº 3.627, 10 de junio de 2004
[10] Revista de Psicología Educativa. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Vol.8. Nº 2, diciembre 2002

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